El Gobierno Nacional, a través del Decreto 572 de 2025, modificó las reglas de la retención en la fuente, reduciendo las bases mínimas a partir de las cuales se debe practicar este anticipo del impuesto de renta. La medida, que entró en vigencia el 1 de junio, ha generado preocupación entre los pequeños y medianos comerciantes, quienes advierten sobre un fuerte impacto en su liquidez. El objetivo del Ejecutivo es “facilitar, acelerar y asegurar el recaudo”, pero en la práctica, la reducción de los umbrales significa que un mayor número de operaciones comerciales, incluso de bajo valor, ahora están sujetas a retención. El exalcalde de Tunjuelito, Joseph Plaza, criticó la medida, explicando que se trata de un cobro adelantado que limita el flujo de caja de los negocios.
“Dinero que antes se usaba para pagar salarios, proveedores o servicios básicos ahora queda atrapado en manos del Estado”, afirmó.
Un ejemplo citado es el de un piqueteadero que vende una picada de $147.000; antes esta transacción no estaba sujeta a retención, pero ahora genera una retención de $2.200.
Aunque la cifra parece menor, acumulada en múltiples ventas representa una disminución significativa del efectivo disponible para el comerciante.
Adicionalmente, otro decreto, el 572, aumentó las tarifas de retención con el fin de anticipar ingresos y equilibrar las finanzas públicas, lo que agrava la situación para los empresarios. Según Plaza, “en lugar de apoyar a los empresarios para que crezcan, el Gobierno los está exprimiendo como naranja”.
En resumenLos recientes cambios en la retención en la fuente, que disminuyen las bases y aumentan las tarifas, están afectando negativamente la liquidez de las empresas, especialmente las más pequeñas. Aunque la medida busca asegurar el recaudo fiscal, ha sido criticada por generar presiones financieras sobre la economía popular.