La propuesta ha generado debate, ya que los estratos altos y el sector empresarial actualmente ya financian subsidios en otros servicios públicos.

La medida busca aplicar un principio de solidaridad y redistribución para enfrentar una pobreza digital que, según estimaciones, afecta al 22% de la población y limita las oportunidades de desarrollo, especialmente para las familias más vulnerables.