La decisión ha sido fuertemente cuestionada por organismos técnicos y analistas.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un concepto en el que advierte que la situación fiscal actual no constituye un “evento extraordinario” que justifique la activación de la cláusula, y que esta medida “no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales que presenta el país”. El CARF fue enfático al describir la situación de las finanzas públicas como “crítica”, citando altos déficits persistentes y una sistemática sobreestimación de ingresos.

El exministro José Manuel Restrepo Abondano criticó que se proponga una reforma tributaria mientras se suspende el principal límite al gasto. Por su parte, Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, alertó que “recurrir a esta medida sin una razón técnica enviará una señal negativa a los mercados internacionales, incrementando el costo del endeudamiento para el país”.

El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, también se pronunció, afirmando que “la estabilidad y el crecimiento económico no deben garantizarse sacrificando la disciplina fiscal”.