Esta contribución, vigente desde 1992, había sido eximida para el sector industrial desde 2012.

La nueva propuesta busca limitar dicha exención, manteniéndola únicamente para la industria manufacturera. De esta forma, sectores como la agricultura, la ganadería, la explotación de minas y canteras, y la construcción volverían a pagar el gravamen. La medida ha sido criticada por gremios empresariales, como la Cámara de Comercio del Huila, cuya presidenta, Lina Marcela Carrera, advirtió que la sobretasa “afecta de manera importante la liquidez y la capacidad operativa de las empresas”. Alejandro Castaneda, presidente de Andeg, ejemplificó el impacto: “un arrocero que paga hoy 10 millones por el consumo de energía para bombeo de agua, pasaría a pagar 12 millones”. Por su parte, el Gobierno defiende la propuesta como una cuestión de justicia social.

La representante María Fernanda Carrascal cuestionó: “¿Por qué las familias de mayores ingresos sí están contribuyendo, pero las grandes empresas no?”. Según el Ministerio de Hacienda, el impacto promedio en los costos de las empresas afectadas sería menor al 0,2%.