La nueva normativa obliga a practicar la retención sobre un mayor número de operaciones comerciales, incluso de menor valor, lo que en la práctica funciona como un cobro anticipado del impuesto de renta. El exalcalde de Tunjuelito, Joseph Plaza, criticó la medida afirmando que “el Gobierno la está reteniendo mes a mes sobre lo facturado. Esto es desconocer la realidad de los empresarios”.

Según Plaza, el dinero que antes se usaba para pagar salarios, proveedores o servicios, ahora queda en manos del Estado, limitando el flujo de caja. El impacto es tangible para la economía popular.

Un artículo ejemplifica el caso de un piqueteadero que vende una picada por $147.000; antes, esta transacción no estaba sujeta a retención, pero ahora genera una retención de $2.200. Aunque la cifra parece menor, acumulada en cientos de ventas mensuales representa un monto significativo para un pequeño negocio.

La DIAN, por su parte, justificó el decreto como una de las medidas adoptadas para anticipar ingresos y equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, para los comerciantes, la percepción es que “en lugar de apoyar a los empresarios para que crezcan, el Gobierno los está exprimiendo como naranja”.