El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, aforado en $557 billones, ha generado una fuerte controversia en el Congreso y entre expertos por estar desfinanciado en $26,3 billones, un monto que el Gobierno espera recaudar mediante una nueva y compleja reforma tributaria. La viabilidad del plan de gastos del país para el próximo año queda supeditada a la aprobación de ingresos aún inciertos. El presupuesto propuesto equivale al 28,8% del PIB, el segundo más alto de la historia, con un crecimiento del 9% frente al de 2025, más del doble de la inflación esperada. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha pedido un presupuesto “más austero” para evitar los problemas de recaudo insuficiente de los últimos años. La Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), a través de su presidenta María Claudia Lacouture, también criticó la propuesta, señalando que “no se puede proyectar un gasto sin sustento claro sobre de dónde provendrán los recursos”.
Lacouture advirtió que solo un 5% del presupuesto se orienta a inversión productiva, lo cual es insuficiente para impulsar el crecimiento.
En el Congreso, la iniciativa ha sido calificada como “irrealista” y “sobredimensionada”. La senadora Karina Espinoza expresó su preocupación por un “presupuesto desfinanciado”, mientras que el presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Enrique Cabrales, advirtió que está desfinanciado en $39,6 billones. El debate se da en un contexto en que el Gobierno activó la “cláusula de escape” de la regla fiscal, lo que le permite un mayor nivel de endeudamiento y gasto, una decisión que, según el exministro José Manuel Restrepo, hace aún menos comprensible la necesidad de una nueva tributaria.
En resumenEl Presupuesto de 2026 se encuentra en el centro de un intenso debate fiscal. Su alta dependencia de una reforma tributaria no aprobada genera incertidumbre y críticas sobre su realismo y sostenibilidad, enfrentando al Gobierno con llamados a la austeridad y la responsabilidad fiscal por parte de gremios, expertos y congresistas.