Esta estrategia busca sanear las finanzas públicas pero ha generado controversia por la carga que impone sobre ciertos contribuyentes.

En el caso de los combustibles, el presidente Gustavo Petro calificó el déficit de $72,8 billones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) como un “grave error de política económica” y un “subsidio inconstitucional” que benefició a los más ricos. Advirtió que esta deuda deberá cubrirse con la reforma tributaria o, “si el Congreso se opone, no quedará otra alternativa que trasladar esa deuda al precio de la gasolina”. En el sector energético, el Ministerio de Minas y Energía publicó un borrador de decreto que propone un aumento del 20% en la tarifa eléctrica para estratos 4, 5, 6, comercio e industria, con el fin de recaudar $1,2 billones y cubrir deudas acumuladas por la “opción tarifaria” durante la pandemia. Finalmente, el Ministerio TIC radicó el proyecto de ley “Internet Solidario”, que contempla un pago adicional del 30% en las facturas de internet fijo de los estratos 5 y 6 y grandes empresas. Estos recursos subsidiarían el servicio para los hogares más pobres, que podrían recibir descuentos de hasta el 55%.

Las propuestas han despertado inquietudes jurídicas y operativas sobre la viabilidad de trasladar costos y deudas históricas a un grupo específico de usuarios.