La entrada en vigencia del Decreto 572 de 2025 ha generado un fuerte rechazo entre los pequeños y medianos comerciantes, quienes advierten que la medida reduce su liquidez al obligarlos a pagar un anticipo tributario de manera mensual. La norma, que busca “facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta”, disminuyó las bases mínimas para practicar la retención en la fuente, sujetando más operaciones comerciales a este cobro adelantado. El exalcalde de Tunjuelito, Joseph Plaza, criticó duramente la medida, explicando que, aunque no es un aumento de impuestos, sí representa un cobro anticipado que afecta el flujo de caja de los negocios. “La retención en la fuente es un anticipo del pago de impuestos.
Antes se pagaba año vencido y ahora, el Gobierno la está reteniendo mes a mes sobre lo facturado.
Esto es desconocer la realidad de los empresarios”, señaló Plaza.
El dinero que antes se utilizaba para pagar salarios, proveedores o servicios ahora es retenido por el Estado. Para ilustrar el impacto, Plaza citó el ejemplo de un piqueteadero que vende una picada por $147.000. Dicha transacción, que antes no estaba sujeta a retención, ahora genera una de $2.200.
Aunque la cifra parece menor, acumulada en cientos de ventas mensuales representa una suma considerable para un pequeño negocio.
El ajuste también afecta al sector de servicios, donde el umbral se redujo a dos UVT. La percepción generalizada entre los comerciantes es que el Gobierno, en lugar de apoyarlos, “los está exprimiendo como naranja”, dificultando aún más la creación y sostenimiento de empresas en el país.
En resumenEl Decreto 572 de 2025 ha modificado las reglas de la retención en la fuente, impactando directamente la liquidez de los pequeños comerciantes al exigir un pago anticipado de impuestos. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta de eficiencia en el recaudo, los empresarios la ven como una asfixia financiera que limita su capacidad operativa y de crecimiento.