Esta medida excepcional permite un desvío temporal de las metas fiscales ante eventos extraordinarios, pero su uso actual es cuestionado por diversos expertos y entidades.

El Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) aprobó la activación de la cláusula para tres vigencias a partir de 2025, argumentando que los efectos de un ajuste fiscal estricto serían más perjudiciales para la economía. El ministro de Hacienda justificó la medida afirmando que “no se puede paralizar al Estado debido a la falta de recursos”. Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) fue enfático al señalar que “la situación de las finanzas públicas de Colombia es crítica” y que la cláusula de escape “en sí misma, no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales”. El CARF advirtió sobre “altos y persistentes déficits fiscales, la sistemática sobreestimación de ingresos tributarios, y la ausencia de medidas suficientes de ajuste fiscal”.

Esta visión es compartida por Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, quien considera que recurrir a esta medida “sin una razón técnica enviará una señal negativa a los mercados internacionales, incrementando el costo del endeudamiento”. De hecho, las cifras del Ministerio de Hacienda muestran que el déficit fiscal del primer semestre de 2025 alcanzó el 3,8% del PIB, el más alto en 21 años para ese período. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, ha sido categórico al afirmar que “la estabilidad, y el crecimiento económico no deben garantizarse sacrificando la disciplina fiscal”.