El Gobierno Nacional ha anunciado la radicación de una nueva reforma tributaria, o ley de financiamiento, con la que busca recaudar $26,3 billones adicionales para cubrir un déficit en el Presupuesto General de la Nación de 2026. La propuesta surge en un contexto de alta inflexibilidad del gasto y la reciente activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, generando un intenso debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el impacto en la economía. El proyecto de presupuesto para 2026 asciende a $557 billones, el segundo más alto de la historia, y depende de la aprobación de esta nueva reforma para su financiamiento completo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida como parte de un “gran pacto fiscal para enfrentar la coyuntura que hoy estamos viviendo” y aseguró que es necesaria para regresar a la senda de cumplimiento de la regla fiscal.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia.
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano, calificó la iniciativa como carente de sentido, afirmando que “no tiene justificación proponer una reforma tributaria en este momento cuando no hay límite derivado de la eliminación o suspensión de la regla fiscal y simultáneamente cuando hay un incremento desbordado en gasto y derroche por parte del Gobierno Nacional”.
Gremios como AmCham Colombia y la ANDI también han expresado su preocupación. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, pidió un presupuesto “coherente y austero, basado en ingresos reales y comprobables”, mientras que Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió que “la tributaria no puede ser solamente la respuesta a la ambición de gasto que tiene el gobierno, que es inmensa”. El ambiente político es tenso; el exministro Juan Camilo Restrepo señaló el deterioro de la relación entre el Gobierno y el Congreso, llegando a especular que, ante un posible rechazo, no le “sorprendería que la apruebe por decreto”.
En resumenLa propuesta de reforma tributaria es presentada por el Gobierno como una medida indispensable para financiar el presupuesto de 2026 y asegurar la estabilidad fiscal. No obstante, enfrenta una fuerte oposición política y empresarial que critica el elevado gasto público y el momento económico para introducir nuevos impuestos, lo que augura un complejo trámite legislativo.