El Gobierno Nacional prepara una nueva reforma tributaria, o ley de financiamiento, con la que busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026. La propuesta, que será radicada próximamente en el Congreso, ha generado un intenso debate sobre su impacto en la economía y en el bolsillo de los colombianos. La iniciativa es fundamental para cubrir el presupuesto de 556,9 billones de pesos para 2026, que según el propio gobierno y diversos analistas, se encuentra desfinanciado. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha explicado que la reforma se centrará en revisar beneficios tributarios del IVA para bienes y servicios consumidos por los sectores de mayores ingresos, sin afectar la canasta familiar. Además, contempla gravar más el consumo de licores y tabaco, incrementar la progresividad en los impuestos de renta y patrimonio, y fortalecer los tributos al carbono y los llamados impuestos saludables.
Sin embargo, la propuesta enfrenta un considerable escepticismo.
El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, expresó dudas sobre su aprobación en el Congreso debido al deterioro de las relaciones políticas, afirmando que no le “sorprendería que la apruebe por decreto”. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, advirtió que “la tributaria no puede ser solamente la respuesta a la ambición de gasto que tiene el gobierno, que es inmensa”, sugiriendo que primero se debe debatir el nivel de gasto público. Desde la oposición, el partido Cambio Radical criticó que el presupuesto esté atado a una reforma “inexistente y privilegia la burocracia sobre la inversión social”.
En resumenLa propuesta de reforma tributaria es la principal apuesta del Gobierno para solventar el déficit fiscal y financiar el presupuesto de 2026. No obstante, enfrenta una fuerte oposición política y empresarial, con serias preocupaciones sobre su viabilidad en el Congreso y sus potenciales efectos sobre la clase media, la inversión y la competitividad del país.