La inminente presentación de una nueva reforma tributaria está directamente ligada a la compleja situación fiscal que enfrenta el país, marcada por un presupuesto desfinanciado para 2026 y un déficit fiscal que en el primer semestre de 2025 alcanzó su nivel más alto en 21 años. El Gobierno ha reconocido que el Presupuesto General de la Nación, aforado en $556,9 billones, requiere de $26,3 billones en ingresos adicionales que solo pueden provenir de una ley de financiamiento. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que gran parte del desajuste fiscal se debe a factores como los pagos acumulados del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que ascendieron a casi $80 billones, y la decisión del Gobierno de activar la cláusula de escape para suspender el cumplimiento de la Regla Fiscal. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit del primer semestre de 2025 llegó a $69,43 billones (3,8% del PIB), una cifra que supera con creces los promedios históricos.
Esta situación ha generado preocupación en el Congreso, donde senadores como Karina Espinoza han criticado la presentación de un presupuesto "que no es realista". El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, ha respaldado la necesidad de aprobar tanto el presupuesto como la ley de financiamiento para asegurar la estabilidad macroeconómica. En este escenario, la reforma no es solo una opción, sino una necesidad para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones y regresar a la senda de la regla fiscal.
En resumenLa propuesta de reforma tributaria es una respuesta directa a la crítica situación fiscal de Colombia, caracterizada por un déficit histórico y un presupuesto desfinanciado para 2026. Factores como la deuda del FEPC y la suspensión de la Regla Fiscal hacen que la obtención de $26,3 billones en nuevos ingresos sea indispensable para garantizar la estabilidad económica del país.