La nueva propuesta de reforma tributaria del Gobierno Nacional se enfocará en incrementar la progresividad de los impuestos directos, específicamente sobre la renta y el patrimonio. El objetivo es que las personas con mayores ingresos y mayor riqueza contribuyan en mayor proporción al financiamiento del Estado, un principio de equidad fiscal que ha sido central en el discurso del gobierno. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, detalló que la iniciativa buscará fortalecer estos gravámenes como parte de una estrategia integral para alcanzar la meta de recaudo de $26,3 billones. Esta medida se suma a la revisión de beneficios tributarios en el IVA que actualmente favorecen mayoritariamente a los hogares de ingresos altos. Sin embargo, esta propuesta ha generado preocupación en el sector empresarial y en analistas económicos.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió que “está demostrado que el impuesto al patrimonio ha producido baja inversión y fuga de capitales”, sugiriendo que la medida podría ser contraproducente para la economía. Por su parte, el exministro Juan Camilo Restrepo alertó que “si se aprueba la reforma a la clase media, le tocará un coletazo no despreciable”, indicando que los efectos de una mayor progresividad podrían extenderse más allá de los deciles de ingresos más altos. La discusión se centra en encontrar un equilibrio que permita aumentar el recaudo de manera equitativa sin desincentivar la inversión ni afectar de manera desproporcionada a la clase media.
En resumenLa reforma tributaria buscará aumentar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio para que los más ricos aporten más. Si bien el Gobierno defiende la medida como un acto de equidad, líderes gremiales y analistas advierten sobre posibles efectos negativos, como la fuga de capitales, la baja inversión y un impacto no deseado sobre la clase media.