Esta medida busca no solo aumentar el recaudo fiscal, sino también atender las externalidades negativas que estos productos generan en la salud pública. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que la iniciativa legislativa incluirá un capítulo específico para gravar estos productos, una estrategia que se alinea con recomendaciones de organismos internacionales para desincentivar su consumo. Aunque los licores ya cuentan con una carga impositiva desde la Ley de Licores de 2016, el Gobierno planea revisar y fortalecer estos esquemas. La propuesta también ha mencionado el interés de gravar productos emergentes como los vapeadores. Esta medida se complementa con la intención de fortalecer los impuestos saludables existentes y el impuesto al carbono, buscando una política fiscal coherente con objetivos de salud y medio ambiente. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, señaló una posible complicación constitucional, argumentando que "en la constitución del 91 se reservó la producción de licores a los departamentos, si se quiere cambiar, hay que modificar la constitución". Esto sugiere que la implementación de nuevos impuestos nacionales sobre licores podría requerir una reforma constitucional, añadiendo un nivel de complejidad al debate legislativo que se avecina.