El proyecto tiene como objetivo reconocer el acceso a internet como un derecho fundamental y reducir la brecha digital que afecta a las familias más vulnerables.
La medida beneficiaría a los hogares de estrato 1, priorizando a aquellos registrados en el Sisbén A, que cuenten con servicio de energía eléctrica y tengan estudiantes activos. Estos hogares podrían recibir un subsidio de hasta el 55 % del valor mensual de su factura, lo que resultaría en una tarifa aproximada de 35.000 pesos. El financiamiento de este subsidio provendría de un aporte solidario equivalente al 30 % adicional sobre las facturas de internet fijo de los hogares de estratos 5 y 6, así como de las grandes empresas.
La propuesta ya ha generado polémica, pues se suma a otros subsidios que los estratos altos ya financian en servicios públicos como energía y agua. Además, se ha cuestionado la pertinencia del sistema de estratificación socioeconómica, argumentando que no siempre refleja la verdadera capacidad económica de los hogares, lo que podría generar inequidades en la aplicación de la nueva contribución.