El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga ha advertido que, por la combinación de un recaudo rezagado y gastos desfinanciados, “el hueco podría superar los 40 billones de pesos” al final del año. Este panorama de emergencia fiscal es la base sobre la que el Gobierno construye su defensa de la reforma, presentándola no como una opción, sino como una necesidad ineludible para garantizar la estabilidad macroeconómica.
Déficit fiscal récord impulsa la necesidad de una nueva reforma tributaria
La urgencia del Gobierno por tramitar una nueva reforma tributaria se enmarca en un contexto de severo desbalance fiscal, con un déficit para el primer semestre de 2025 que alcanzó el nivel más alto en 21 años. Las cifras oficiales revelan una situación financiera que el Ejecutivo califica de crítica y que utiliza como principal argumento para justificar la búsqueda de nuevos ingresos. Según datos del Ministerio de Hacienda, el déficit del Gobierno Nacional Central entre enero y junio de 2025 llegó a 69,43 billones de pesos, equivalente al 3,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), más de la mitad de la meta proyectada para todo el año (7,1 % del PIB). Esta situación llevó al Gobierno a suspender el cumplimiento de la Regla Fiscal, una medida que, según el ministro Germán Ávila, fue necesaria para evitar una “parálisis del aparato estatal” y efectos devastadores en la economía. El Ejecutivo ha identificado como principal causa del desajuste el gasto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que acumuló pagos por 80 billones de pesos entre 2022 y 2025. A esto se suman otras presiones de gasto inflexible, como pensiones y salud.



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