La propuesta de reforma tributaria busca aumentar la progresividad del sistema fiscal colombiano, con ajustes significativos en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, así como una revisión de los beneficios del IVA. El objetivo declarado es que los sectores con mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida al financiamiento de los gastos del Estado. Según lo expuesto por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, uno de los pilares de la ley de financiamiento será “incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio”. Aunque no se han detallado las nuevas tarifas o bases gravables, la intención es clara: aumentar la carga sobre los contribuyentes de mayores ingresos y patrimonios. En cuanto al IVA, la propuesta no contempla un aumento generalizado de tarifas, sino una “revisión integral” de los beneficios tributarios existentes. Específicamente, se analizarán las exenciones y exclusiones de bienes y servicios “que hoy consumen mayoritariamente las personas con mayores ingresos”, con la promesa de no afectar la canasta familiar.
Esta estrategia ha generado preocupación en el sector empresarial.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió sobre los riesgos de estas medidas, en particular sobre el impuesto al patrimonio, del cual afirmó que “está demostrado que ha producido baja inversión y fuga de capitales”. La discusión, por tanto, se centrará en encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudo y equidad del Gobierno y el temor del sector privado a que los nuevos impuestos desincentiven la inversión y el crecimiento económico.
En resumenEl núcleo de la reforma tributaria reside en su objetivo de redistribuir la carga fiscal, haciendo que los impuestos a la renta, el patrimonio y el IVA sean más progresivos. Mientras el Gobierno defiende esta medida como un acto de justicia social, líderes empresariales alertan sobre posibles consecuencias negativas para la economía, como la fuga de capitales y una menor inversión.