Estas medidas buscan alinear la política fiscal con los objetivos climáticos del país y, a su vez, corregir los profundos desequilibrios generados por los subsidios a los combustibles. El presidente Gustavo Petro ha sido un crítico vehemente del manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), cuyo déficit superó los 70 billones de pesos.
El mandatario calificó el subsidio como “inconstitucional” y una “política social al revés” que benefició a los más ricos. En este contexto, la reforma tributaria se presenta como el mecanismo para que los sectores de mayores ingresos asuman el costo de esa deuda histórica. “La deuda debe ser pagada por los más ricos de la sociedad. Si el Congreso se opone, deberá pagarse por los precios de la gasolina”, sentenció el presidente, dejando clara la disyuntiva política. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se fortalecerán los esquemas de tributación del impuesto al carbono y se revisará el impuesto al consumo de combustibles. La justificación del Gobierno es doble: por un lado, generar ingresos cruciales para las arcas del Estado y, por otro, desincentivar el uso de combustibles fósiles para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y cumplir con los compromisos climáticos del país.