El Gobierno justifica la medida no solo por su potencial recaudatorio, sino también aludiendo a las “externalidades negativas que generan” estos productos en la salud pública.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el proyecto de ley incluirá un capítulo especial para aumentar los gravámenes sobre estas categorías, que ya cuentan con una carga impositiva considerable desde la Ley de Licores de 2016. La propuesta también contempla incluir productos emergentes como los vapeadores, ampliando el alcance de los impuestos saludables.
Sin embargo, esta iniciativa enfrenta serios cuestionamientos sobre su viabilidad legal y política.
El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, advirtió sobre un posible obstáculo constitucional, argumentando que “en la constitución del 91 se reservó la producción de licores a los departamentos, si se quiere cambiar, hay que modificar la constitución”. Según Restrepo, un cambio de esta naturaleza requeriría una reforma constitucional, un proceso que difícilmente podría completarse en los diez meses que restan para su debate. Esta complejidad jurídica se suma a la resistencia política que tradicionalmente acompaña a los aumentos de impuestos sobre estos productos, que afectan tanto a consumidores como a las rentas departamentales que dependen de estos monopolios.