Mientras la nueva reforma tributaria planea fortalecer estos gravámenes, surgen propuestas para su completa eliminación, argumentando un impacto negativo en la economía.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que la ley de financiamiento que se presentará al Congreso buscará “fortalecer los esquemas de tributación” de los impuestos saludables, junto con otros como el impuesto al carbono y al consumo. Esta posición se alinea con la justificación original de estos tributos: desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud pública y generar recursos para el sistema sanitario.
Sin embargo, esta visión no es unánime.
La periodista y precandidata Vicky Dávila ha propuesto eliminar el impuesto a los ultraprocesados, una medida que, según un análisis del medio Vorágine, beneficiaría directamente a grandes conglomerados industriales como el Grupo Nutresa, propiedad de los Gilinski. Esta contrapropuesta introduce una dimensión política y económica al debate, cuestionando si el objetivo principal del impuesto es la salud pública o el recaudo, y si su efecto sobre los consumidores y la industria es el deseado. La discusión evidencia la tensión entre los objetivos de salud pública, la política fiscal y los intereses de poderosos grupos económicos, un debate que seguramente cobrará mayor relevancia durante la discusión de la reforma tributaria en el Congreso.