Por tanto, la reforma tributaria no es vista como una opción, sino como una necesidad imperante para evitar una crisis económica y social mayor.

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La propuesta de reforma tributaria del Gobierno surge en un contexto de severas presiones fiscales, marcado por un déficit que alcanzó el nivel más alto de los últimos 21 años y la decisión de suspender el cumplimiento de la Regla Fiscal. Estas circunstancias macroeconómicas son el principal argumento del Ministerio de Hacienda para justificar la necesidad de un recaudo adicional de $26,3 billones. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el déficit del Gobierno Nacional Central en el primer semestre de 2025 llegó a $69,43 billones, equivalente al 3,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), superando con creces el promedio histórico. Este desajuste fiscal, atribuido en gran parte a los pagos acumulados del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), llevó al Gobierno a activar la cláusula de escape de la Regla Fiscal. El ministro Germán Ávila defendió esta medida ante el Congreso, argumentando que un ajuste drástico de 3,6 % del PIB para cumplir la regla “equivaldría a una parálisis del aparato estatal”, con efectos devastadores como una caída del PIB de 1,8 puntos porcentuales y un aumento del desempleo y la inflación. El Presupuesto General de la Nación para 2026, aforado en $556,9 billones, presenta un alto grado de inflexibilidad, con un 91,4 % del gasto comprometido en rubros como deuda, pensiones y salud.
Por tanto, la reforma tributaria no es vista como una opción, sino como una necesidad imperante para evitar una crisis económica y social mayor.
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