Según la Fiscalía, los implicados presuntamente cobraban dinero para direccionar procesos judiciales relacionados con lavado de activos desde 2014. El operativo, que resultó en la captura de nueve personas en Chiquinquirá, Bogotá, Pereira y Granada (Meta), sacó a la luz una alarmante alianza criminal entre miembros de las instituciones encargadas de investigar, capturar y custodiar a los delincuentes en el país. La investigación de la Fiscalía determinó que esta banda operó durante varios años, presuntamente desde 2014 hasta 2025, aprovechando sus posiciones dentro del sistema judicial y de seguridad para manipular procesos a cambio de sobornos. Su principal actividad ilícita consistía en direccionar investigaciones por lavado de activos, favoreciendo a los implicados a cambio de importantes sumas de dinero. La captura de funcionarios de tres entidades tan cruciales como la Policía, el CTI de la Fiscalía y el Inpec en una misma red de corrupción evidencia un grave nivel de penetración del crimen en el Estado. Este caso no solo representa un golpe a la estructura criminal, sino que también genera serios cuestionamientos sobre la integridad y los controles internos de estas instituciones, cuya misión es precisamente garantizar la justicia y la seguridad en el país.