Según la fiscal del caso, la red prometía a sus clientes, entre ellos el narcotraficante Juan Carlos Ramírez Taborda, alias ‘Manicomio’, evitar órdenes de captura y frenar procesos de extinción de dominio sobre sus bienes.

Para lograrlo, los funcionarios corruptos eliminaban elementos materiales probatorios, entorpecían las investigaciones y traficaban con información confidencial obtenida en reuniones clandestinas en Bogotá y Villavicencio. La fiscal afirmó: “En 3 investigaciones que se adelantaban en la unidad, funcionarios adscritos a esa unidad procedieron a eliminar elementos materiales probatorios y a solicitar dinero a cambio de los que estaban allí involucrados para esconder sus bienes”. Este contundente golpe contra la corrupción judicial expone una grave infiltración en las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad en el país, revelando cómo el poder público era utilizado para proteger a criminales a cambio de millonarias sumas de dinero.