Una explosión dentro de un vehículo particular cerca del peaje de Copacabana, en la autopista Medellín-Bogotá, dejó un saldo de dos civiles muertos y dos policías con heridas leves. Las investigaciones determinaron que el incidente fue producto de la detonación accidental de una granada que era manipulada por los ocupantes del carro, uno de los cuales era un expolicía con un extenso prontuario criminal. El suceso ocurrió cuando agentes de tránsito detuvieron el vehículo en un puesto de control. Al acercarse para la inspección, el artefacto explotó en el interior del automóvil.
Antes de fallecer, uno de los ocupantes alcanzó a decirle a un uniformado que “llevaba la granada para la ciudad de Bogotá, así como las armas que iban a ser entregadas en esta ciudad”. Esta declaración, junto con el hallazgo de más armamento y municiones en el baúl del carro, cambió el enfoque del caso de un simple accidente a una investigación por tráfico de armas. La identidad de una de las víctimas, Christian Jairo Barreto Carvajal, añadió más complejidad al asunto.
Barreto era un expolicía destituido en 2020, con antecedentes por delitos como violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y secuestro extorsivo. Las autoridades descartaron que se tratara de un atentado contra el peaje o la fuerza pública, consolidando la hipótesis de un trágico error en la manipulación de material de guerra durante una operación de transporte ilegal.
En resumenLa detonación accidental de una granada en Copacabana, que costó la vida a sus dos portadores —incluido un expolicía—, destapó una presunta operación de tráfico de armas con destino a Bogotá. El incidente subraya los peligros del transporte ilegal de explosivos y la implicación de exfuncionarios en redes criminales.