La posterior revelación de sus graves padecimientos de salud mental añade una compleja y trágica dimensión al suceso. La noche del 11 de noviembre, Mauricio Cendales Parra, de 35 años, protagonizó un atropellamiento masivo en la localidad de Kennedy tras huir de un accidente inicial. Esto desató una persecución por parte de un grupo estimado en 200 motociclistas.

Al ser alcanzado, fue sacado de su vehículo y golpeado brutalmente por la multitud con cascos, palos y sillas hasta causarle la muerte.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó el hecho, afirmando que “nada justifica un linchamiento”. El incidente, capturado en múltiples videos, expuso un alarmante nivel de violencia colectiva.

Sin embargo, la historia se tornó más compleja cuando la familia de Cendales reveló su historial clínico.

Su sobrino, Francilides Rodríguez, declaró que padecía “cuadros de depresión, estrés agudo y picos de agresividad verbal”, y que había estado hospitalizado un año antes por su condición. La familia desmintió que estuviera bajo los efectos del alcohol, explicando que su tratamiento le impedía consumir licor y que su comportamiento errático era una manifestación de su trastorno mental. De hecho, su esposa había intentado buscar ayuda policial ese mismo día para internarlo en una clínica psiquiátrica, pero la asistencia no llegó a tiempo. La narrativa pública inicial fue desmentida por la familia, que negó categóricamente que Cendales portara un arma blanca o que su historial de multas de tránsito reflejara una conducta delictiva, atribuyéndolas a su trabajo en la compraventa de vehículos. Nuevas grabaciones mostraron a un agente de policía intentando protegerlo de la turba, pero siendo superado por la multitud. El caso evidencia una fractura social donde la desconfianza en la justicia y la ira colectiva convergen con una crisis de salud mental desatendida, resultando en una tragedia multifacética.