Sin embargo, mientras se realizaba el procedimiento judicial, una multitud arremetió contra los uniformados y funcionarios del CTI. Según el Ejército, la comunidad, “aparentemente presionada por el grupo ilegal”, quemó tres vehículos oficiales, dañó motocicletas y se llevó a los capturados, el cuerpo del fallecido y el material de guerra incautado. El ataque dejó un soldado herido y provocó el secuestro temporal de un oficial, tres suboficiales y doce soldados, quienes fueron liberados posteriormente.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió a la Fiscalía investigar lo ocurrido y criticó la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, afirmando que estos hechos demuestran una pérdida de legitimidad del Estado en ciertos territorios.

El Ejército, por su parte, anunció que interpondrá las denuncias correspondientes por delitos como secuestro, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.