Fueron interceptados por hombres armados que dispararon desde un vehículo en movimiento, hiriéndolos en las extremidades inferiores.

Ambos fueron trasladados a un centro médico donde se reportaron como estables.

Las autoridades hallaron posteriormente el vehículo utilizado en el ataque en la localidad de Suba, con dos pistolas en su interior. El presidente Gustavo Petro atribuyó el hecho al "crimen organizado", mencionando una "reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas" y prometió ampliar la protección a activistas. En contraste, líderes de la oposición venezolana como María Corina Machado y Leopoldo López denunciaron que se trata de un acto de "represión transnacional" orquestado por el "régimen de Nicolás Maduro". La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su preocupación, confirmando que Velásquez es solicitante de refugio en el país, e instó a la Fiscalía a realizar una investigación "pronta y exhaustiva". El caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los disidentes venezolanos en territorio colombiano y la responsabilidad del Estado en garantizar su protección, mientras las víctimas y la comunidad internacional exigen justicia y el esclarecimiento de los móviles del ataque.