Un hecho sin precedentes en Cúcuta ha puesto en evidencia las complejidades del sistema judicial colombiano, luego de que un hombre de 31 años fuera capturado dos veces en menos de 24 horas por órdenes judiciales distintas. El caso ha generado sorpresa y debate sobre los procedimientos de las autoridades y la recolección de pruebas. La secuencia de eventos comenzó el domingo 28 de septiembre, cuando Sergio Andrés Rojas Ureña fue detenido por la Policía Metropolitana de Cúcuta durante una verificación de antecedentes en el barrio Magdalena. Los agentes encontraron una orden de captura vigente en su contra por concierto para delinquir y hurto calificado, emitida por un juzgado de Sardinata. Rojas fue trasladado a la Fiscalía, pero fue puesto en libertad horas después por falta de material probatorio para mantener la medida de aseguramiento. Sin embargo, su libertad fue efímera.
Al día siguiente, lunes 29 de septiembre, Rojas Ureña fue interceptado de nuevo, esta vez en la avenida Gran Colombia. Las autoridades le notificaron una segunda orden de captura, esta vez por homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Esta segunda orden lo vinculaba con el asesinato de Danny Yojari Niño Arenas el 8 de junio en el barrio Manuela Beltrán. Según la investigación, el agresor entró en una vivienda y disparó a la víctima. Aunque la herida fue en el brazo, la muerte se habría producido por un infarto causado por el impacto emocional.
Las autoridades confirmaron que Rojas Ureña no era un desconocido para la justicia, ya que contaba con múltiples anotaciones previas y estaba bajo observación de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). Tras la segunda detención, fue presentado ante un juez que le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Este insólito caso resalta los desafíos en la lucha contra la delincuencia.
En resumenSergio Andrés Rojas Ureña fue capturado en Cúcuta por una orden de hurto, liberado por falta de pruebas, y recapturado al día siguiente por una orden de homicidio. El insólito caso, que culminó con su envío a prisión, expone las complejidades y posibles fallas en los procesos judiciales.