La estrategia gubernamental no solo pretende proporcionar tierras, sino también una forma de reparación simbólica. Las beneficiarias, agricultoras afectadas por el desplazamiento y la violencia, ven en ello una oportunidad para cultivar la tierra, preservar la memoria y desarrollar proyectos productivos.

Los artículos mencionan que el gobierno considera esta acción como parte de una estrategia más amplia para restituir tierras y fortalecer los mecanismos de justicia.

Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de controversia.

Algunos sectores empresariales turísticos han expresado su preocupación por el posible impacto en las operaciones del parque temático y los ingresos asociados.

También existen interrogantes logísticos sobre los recursos necesarios para adaptar la infraestructura para las nuevas beneficiarias.

Esta transferencia de tierras encarna un poderoso cambio narrativo: un territorio que antes se utilizaba para financiar la guerra y el terror ahora se destina a apoyar a quienes sufrieron sus consecuencias, promoviendo el desarrollo rural y la justicia restaurativa en un lugar profundamente marcado por el violento pasado de Colombia.