Daneidy Barrera, 'Epa Colombia', llega a un acuerdo millonario con TransMilenio para reparar daños

La influenciadora Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia', ha alcanzado un acuerdo conciliatorio con TransMilenio para resarcir los daños que causó a una estación durante el paro nacional de 2019. El pacto, que combina una compensación económica de 100 millones de pesos con acciones pedagógicas, representa un giro notable en un caso que ha sido emblemático sobre vandalismo y justicia restaurativa en Colombia. El acuerdo se deriva de los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, cuando Barrera vandalizó la estación Molinos, en el sur de Bogotá, causando perjuicios avaluados en más de 467 millones de pesos. La conciliación, que debe ser aprobada por los jueces competentes, establece que además del pago de 100 millones de pesos, la influenciadora deberá realizar una serie de actividades de reparación simbólica. Estas incluyen ofrecer excusas públicas a la ciudadanía, crear y difundir videos educativos en sus redes sociales para promover la cultura ciudadana y el cuidado del sistema, y participar en jornadas de servicio social en las estaciones y troncales de TransMilenio. La empresa de transporte público ha calificado el pacto como "un modelo innovador de justicia restaurativa que combina reparación, pedagogía y reconciliación con la ciudadanía". Sin embargo, TransMilenio aclaró que este acuerdo no modifica ni garantiza la libertad inmediata de Barrera, quien actualmente cumple una condena de cinco años de prisión por los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir y daño en bien ajeno. Su defensa ha buscado sin éxito la revisión de la condena, argumentando que los cargos fueron desproporcionados.

En resumen

El acuerdo entre 'Epa Colombia' y TransMilenio, que incluye un pago de $100 millones y trabajo pedagógico, marca un hito en la resolución de un caso de vandalismo de alto perfil. Aunque no afecta su condena de prisión, la medida es presentada como un ejemplo de justicia restaurativa, buscando reparar el daño material y social mientras se promueve la cultura ciudadana, aunque genera debate sobre la proporcionalidad de las sanciones.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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