El grupo armado presenta estas acciones como una "oportunidad de vida" para que los individuos se corrijan. La difusión de estos materiales ha generado un fuerte impacto, llevando a la Policía Metropolitana de Santa Marta a conformar un "equipo especial de Policía Judicial, Investigación Criminal e Inteligencia" para esclarecer los hechos. Las autoridades recordaron que la justicia por mano propia es un delito y pidieron a la ciudadanía denunciar a través de los canales oficiales. Defensores de derechos humanos han expresado su preocupación, indicando que estas prácticas son un mecanismo del grupo ilegal para ratificar su control social y territorial, suplantando las funciones del Estado y generando un ambiente de intimidación.
Grupo armado impone 'justicia social' en Santa Marta castigando públicamente a cobradiarios
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) han asumido un rol de 'justicia' paralela en Santa Marta, sometiendo a presuntos delincuentes a castigos públicos que son grabados y difundidos en redes sociales. Estos actos, que incluyen rapar la cabeza y obligar a los sancionados a pedir disculpas, evidencian un alarmante vacío de autoridad y el control territorial que ejerce el grupo armado en la región. En varios videos que han circulado en las últimas semanas, se observa a miembros de las ACSN ejerciendo lo que denominan "justicia social". En uno de los casos, dos cobradiarios son señalados de apropiarse de dinero de sus jefes; como castigo, se les ve con la cabeza y las cejas rapadas, portando un cartel en el que piden disculpas y siendo obligados a realizar labores de limpieza. En otro incidente similar, un 'paga diario' del barrio María Eugenia es capturado y rapado, y en la grabación se le obliga a comprometerse a no ejercer más ese oficio, sugiriéndole que trabaje como mototaxista.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






