La conducta había generado alarma previamente, ya que se habían encontrado otras aves decapitadas en parques cercanos.

La Policía Nacional logró su captura en flagrancia mientras intentaba huir.

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de maltrato animal agravado, cargo que el acusado no aceptó. A pesar de ello, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la investigación.

El caso ha suscitado una fuerte reacción pública, con ciudadanos que expresan preocupación tanto por el bienestar animal como por la salud mental del implicado.

Un habitante citado en los reportes señaló: “Ese señor debe tener un trastorno mental”, mientras que otro advirtió sobre una posible escalada de violencia: “Hoy son las pobres palomas, mañana podría atacar a una persona”. El proceso judicial se enmarca en la Ley 1774 de 2016, que contempla penas de 12 a 36 meses de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra los animales.