Indignación en Bucaramanga: Hombre Condenado por Matar a un Gato Queda en Libertad

La liberación de un hombre condenado a 24 meses de prisión por asesinar a un gato en Bucaramanga ha desatado una ola de indignación y ha puesto en tela de juicio la efectividad de la Ley Ángel contra el maltrato animal. Aunque la condena representa un precedente judicial, la suspensión de la pena ha sido percibida por la comunidad y activistas como un acto de impunidad. Alexánder Parra Carrillo fue hallado culpable por el Juzgado 27 Penal Municipal de Bucaramanga por la muerte de un gato llamado ‘Michin’ en mayo. El acto, que fue grabado en video, mostraba a Parra ahorcando al felino. La investigación también reveló que el hombre era un “maltratador serial”, implicado en la violencia contra otros animales. A pesar de ser condenado a dos años de cárcel y una multa de 15 salarios mínimos, un preacuerdo con la Fiscalía y el beneficio de suspensión condicional de la pena le permitieron quedar en libertad tras solo tres meses de detención preventiva. La noticia resultó insólita y frustrante para quienes celebraron la captura inicial como una victoria de la nueva legislación. El concejal de Bucaramanga, Camilo Machado, lamentó la decisión judicial, afirmando: “Los maltratadores deben pagar tras las rejas y no caminar como si nada por nuestras calles”. El caso ha generado un intenso debate sobre si las herramientas legales existentes son suficientes o si las penas excarcelables debilitan el propósito de la ley, dejando una sensación de que la justicia no es lo suficientemente severa con la crueldad animal.

En resumen

La liberación de un hombre condenado por matar a un gato en Bucaramanga, a pesar de la existencia de la Ley Ángel, ha causado una fuerte controversia. Este desenlace judicial, percibido como una contradicción, aviva el debate sobre la aplicación real de las penas por maltrato animal y la sensación de impunidad en la sociedad.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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