El mandatario atribuyó el suceso a una política de seguridad que, en su opinión, ha permitido que los grupos ilegales mantengan un fuerte poder simbólico y social en ciertas comunidades. Este homenaje público a un actor de la violencia evidencia la compleja realidad de algunas regiones, donde la legitimidad del Estado es disputada y las lealtades se dividen, convirtiendo un acto fúnebre en una manifestación política que desafía la autoridad y ofende la memoria de las víctimas del conflicto.