El suceso ha sido calificado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, como un “delito de lesa humanidad” y una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, el presidente Gustavo Petro instó a la liberación de los soldados, afirmando que “pueden ser sus hijos” y que la respuesta del Estado no será “matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias”. El Ejército Nacional anunció que interpondrá denuncias por delitos como secuestro simple, concierto para delinquir y violencia contra servidor público, recordando que este tipo de asonadas se han repetido más de un centenar de veces desde 2021, obstaculizando operaciones de seguridad y debilitando la presencia estatal.