Este hecho evidencia la escalada de violencia y la instrumentalización de la población en zonas de conflicto. El 3 de septiembre de 2025, en la vereda Siloé del municipio de Villagarzón, Putumayo, tropas del Batallón de Infantería N.º 25 adelantaban la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca, presuntamente perteneciente a los Comandos de Frontera, una disidencia de las Farc. Durante el operativo, se produjo una asonada por parte de un grupo de civiles que, según denunció el Ejército, fueron constreñidos por el grupo armado para obstaculizar la acción militar.

En medio del caos, un subteniente, identificado como Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, y un soldado profesional, Sebastián Díaz Amaya, fueron rociados con una mezcla de gasolina y aceite y prendidos en fuego. El oficial sufrió quemaduras de tercer grado en el 75 % de su cuerpo, mientras que el soldado resultó con lesiones en el 30 %.

Ambos fueron evacuados a Florencia, Caquetá, y posteriormente trasladados al Hospital Militar en Bogotá en estado crítico.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó a los responsables como “criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares” y ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información para su captura. El hecho fue condenado por la Defensoría del Pueblo y la ONU, calificándolo como una “flagrante violación a los Derechos Humanos”. La delegación del Gobierno en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), a la que pertenecen los Comandos de Frontera, exigió al grupo un rechazo categórico del acto, amenazando con retirarse de la mesa. Posteriormente, la Cneb negó su responsabilidad y solicitó un mecanismo de verificación para esclarecer los hechos.