Los cargos contra Maduro incluyen conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas.

La acusación sitúa a Maduro y a figuras clave de su gobierno, como Diosdado Cabello, en el centro de una red criminal que habría utilizado su poder para facilitar el tráfico de drogas. A Cilia Flores se le imputa haber sido una pieza central en la red, recibiendo sobornos para permitir la salida de aeronaves con cocaína.

Este proceso judicial en EE.

UU. se complementa con la acción de la justicia argentina. El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó formalmente la extradición de Maduro para que responda por crímenes de lesa humanidad, una causa iniciada en septiembre de 2024. Esta doble ofensiva judicial, tanto por narcotráfico en Norteamérica como por violaciones a los derechos humanos en Suramérica, acorrala legalmente al exmandatario y su círculo cercano, marcando un hito en la búsqueda de rendición de cuentas por los crímenes atribuidos al régimen chavista.