La operación militar estadounidense en Venezuela ha provocado una condena casi unánime de la comunidad internacional, incluyendo a potencias como China y Rusia, y a la mayoría de los países latinoamericanos. Organismos como la ONU han sido escenario de debates urgentes donde se ha denunciado la acción como una violación flagrante del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la mayoría de los países intervinientes condenaron la operación. El secretario general, António Guterres, pidió respeto por el derecho internacional, que "prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados". Rusia calificó la operación de "criminal" y acusó a Washington de perseguir "fines hegemónicos" para controlar los recursos naturales de Venezuela. China exigió la liberación de Maduro, afirmando que EE.
UU. "pisoteó" la soberanía venezolana.
Gobiernos de izquierda en América Latina, como los de Brasil, México y Colombia, lideraron el rechazo regional. El presidente brasileño Lula da Silva afirmó que la acción "cruza una línea inaceptable", mientras que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum la calificó como una violación del artículo 2 de la Carta de la ONU.
Incluso aliados europeos de EE.
UU. como Francia y España expresaron su preocupación, calificando la intervención como un "precedente muy preocupante" que afecta negativamente la paz y la seguridad internacional. Esta respuesta global subraya el aislamiento de Washington en su acción unilateral y la preocupación generalizada por el debilitamiento del orden multilateral.
En resumenLa acción de Estados Unidos ha aislado diplomáticamente a Washington, con una amplia coalición internacional que condena la intervención como un acto ilegal que socava el orden mundial y la estabilidad regional, reafirmando los principios de soberanía y no injerencia.