La afirmación de control y el descarte de elecciones inmediatas han generado una fuerte condena internacional por considerarse una violación a la soberanía venezolana.

En una entrevista con NBC y en posteriores declaraciones, Trump fue explícito sobre sus intenciones: "Tenemos que arreglar el país primero.

No se pueden celebrar elecciones".

Afirmó que Estados Unidos gobernará Venezuela por un período de hasta 18 meses, liderado por un grupo de confianza que incluye al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe del Pentágono Pete Hegseth. El objetivo principal, según Trump, es la reconstrucción del sector petrolero, para lo cual se necesitarán "inversiones por miles de millones de dólares" de grandes empresas estadounidenses, e incluso subsidios de Washington. Esta postura confirma las sospechas de muchos analistas y gobiernos de que el interés primordial de la intervención no es la restauración de la democracia, sino el control de las mayores reservas de crudo del mundo. Trump se sinceró con una "franqueza obscena", como lo describió un artículo, al centrar su discurso post-operación en la administración de las riquezas venezolanas. Esta declaración de intenciones, que recuerda a la Doctrina Monroe, ha sido calificada como una afrenta a la autodeterminación de los pueblos y un peligroso precedente que subordina la soberanía a los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos.