Su nombramiento se produce en un contexto de máxima tensión y con posturas contradictorias sobre su rol en una posible transición.

La decisión del TSJ, controlada por el chavismo, busca evitar un vacío de poder y mantener la estructura institucional del gobierno. Rodríguez, una figura de línea dura y leal a Maduro, asumió el cargo convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el Ejecutivo venezolano, aunque en circunstancias extraordinarias.

Su juramentación fue un acto de reafirmación del poder chavista frente a la intervención estadounidense.

Sin embargo, su posición es compleja.

Por un lado, ha adoptado un discurso desafiante, condenando la operación como una "barbarie" y una "agresión colonial", insistiendo en que Maduro sigue siendo el presidente legítimo y exigiendo pruebas de su supervivencia. Por otro lado, el presidente Donald Trump ha afirmado que su secretario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido comunicaciones con ella y que estaría dispuesta a cooperar con Washington en una transición, sugiriendo que Estados Unidos podría dejarla en el poder si "hace lo que queremos". Esta dualidad genera incertidumbre sobre si su gobierno será una continuación del chavismo radical o si actuará como una figura pragmática dispuesta a negociar con Estados Unidos para asegurar la supervivencia del régimen, aunque sea bajo una nueva dirección.