Este balance evidencia el costo humano directo de la “Operación Resolución Absoluta” y agrava la ya profunda crisis humanitaria que sufre el país.

Los ataques aéreos y terrestres no solo se concentraron en bases militares, sino que también afectaron zonas residenciales en Caracas y sus alrededores.

Vecinos de las áreas impactadas relataron escenas de caos, con personas trasladando heridos a centros de salud improvisados y familias buscando a sus seres queridos entre los escombros. Se reportó la destrucción de infraestructura civil, incluyendo edificios de apartamentos que sufrieron daños colaterales por su proximidad a objetivos militares. Un testimonio recogido menciona a una mujer de 80 años que murió en su casa en Catia La Mar después de que esta “volara por los aires” durante los ataques. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su alarma por las víctimas civiles y han enfatizado la necesidad de una investigación independiente sobre el posible uso desproporcionado de la fuerza y violaciones a las normas humanitarias.

El gobierno venezolano ha condenado los ataques por alcanzar instalaciones civiles y militares sin discriminación.