Críticos y analistas advierten que esta acción unilateral sienta un precedente peligroso para América Latina y debilita gravemente el sistema multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial. El argumento central de la condena es que la intervención viola de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas, específicamente el artículo 2, que prohíbe el uso unilateral de la fuerza y la interferencia en la soberanía de otros países. El analista Esteban Salazar señaló que organismos como la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI) han perdido capacidad real de actuación, quedando como “observadores con escaso margen de acción”. Varios artículos argumentan que, si el gobierno de Maduro representaba una amenaza para la paz, Estados Unidos debió llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, el único órgano con la potestad de autorizar el uso de la fuerza. La tesis de que “el fin justifica los medios” es rechazada por muchos, quienes temen que admitir esta intervención legitime a EE.

UU. como “juez y policía de América Latina”, con la potestad de decidir unilateralmente qué gobiernos son válidos.

Se advierte que esto podría llevar a un orden internacional basado en zonas de influencia para las grandes potencias, en lugar de en el derecho, lo que tendría consecuencias catastróficas para las naciones más débiles.