Estas acusaciones se enmarcan en una narrativa sostenida por Washington que vincula al gobierno chavista con redes criminales transnacionales, como el denominado Cartel de los Soles.

Previo a la operación militar, el Departamento de Justicia de EE. UU. había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto. La legalidad de la operación es un punto central de la controversia. Mientras el gobierno de Trump argumenta que Maduro no es reconocido como un mandatario legítimo y que su captura busca garantizar justicia, expertos en derecho internacional y varios gobiernos han cuestionado el uso de fuerzas militares para ejecutar una orden judicial en un país extranjero sin el consentimiento de sus autoridades, calificándolo como una violación de la soberanía y una afrenta al derecho internacional.