En 2025, la administración Trump no solo intensificó la presión militar, sino que también ejecutó acciones económicas directas contra Venezuela.

Un artículo menciona que el gobierno estadounidense “se robó, literalmente, dos buques petroleros de Venezuela”. Otro texto detalla que la administración “se apropió de la empresa Citgo de Venezuela y confiscó tres cargueros de petróleo”. Estas medidas representan un golpe directo a la ya mermada economía venezolana, privando al Estado de importantes fuentes de ingresos y activos estratégicos. El gobierno de Nicolás Maduro y sus aliados interpretan estas confiscaciones no como parte de una legítima lucha contra un régimen considerado ilegítimo, sino como actos de piratería y una manifestación de la política imperialista de Estados Unidos. Según esta visión, las acciones evidencian que el objetivo final de Washington no es la restauración de la democracia, sino el control de los recursos estratégicos del país suramericano. Estas confiscaciones se suman al conjunto de sanciones y al bloqueo económico que, según Caracas, buscan asfixiar al país y forzar un cambio de gobierno por vías no democráticas.