UU. por presuntamente supervisar abusos, ilustra los esfuerzos de las víctimas por buscar justicia fuera de las fronteras venezolanas. Sin embargo, existe el riesgo de que sea deportado antes de que el caso avance, lo que podría frustrar este intento de rendición de cuentas. Esta búsqueda de justicia en el exterior ocurre en paralelo a una grave crisis interna.

Organizaciones de derechos humanos como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denuncian que las personas detenidas por motivos políticos “están siendo amenazadas”. Aunque el gobierno confirmó la excarcelación de 99 personas tras las elecciones de 2024, la ONG Foro Penal contabiliza más de 900 casos. El defensor de derechos humanos Marino Alvarado enmarca esta situación en un contexto más amplio de deterioro social, afirmando que tras 25 años de chavismo, “la lucha contra la pobreza ha sido total fracaso”. La combinación de la represión interna y los intentos de judicialización en el extranjero dibuja un panorama complejo para las víctimas de violaciones de derechos humanos.