Esta medida busca deslegitimar al gobierno venezolano y justificar futuras acciones coercitivas, aunque se ha implementado sin presentar evidencias públicas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó formalmente a Maduro de encabezar el cartel y de mantener vínculos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Para reforzar la acusación, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura del mandatario venezolano por su supuesto nexo con el narcotráfico. Esta designación es una herramienta legal que podría habilitar el uso directo de la fuerza militar estadounidense fuera de sus fronteras y permite atacar las finanzas de cualquier individuo o entidad vinculada al gobierno venezolano. La medida es vista por Caracas como parte de un “guion de película” para construir una justificación para una intervención. El propio Trump ha afirmado que a Nicolás Maduro “le quedan los días contados”, lo que, sumado a la declaración del cartel como organización terrorista y el despliegue militar en el Caribe, conforma una estrategia de máxima presión que combina elementos legales, económicos y militares para cercar al gobierno venezolano.