Esta decisión cerró vías legales que permitían a miles de personas vivir y trabajar en Estados Unidos, empujándolos a la irregularidad. En paralelo, se lanzó una campaña de deportaciones masivas sin precedentes recientes, con más de medio millón de personas deportadas y 1,6 millones que salieron voluntariamente del país por la presión. Un caso emblemático de esta política fue el traslado forzoso de 250 venezolanos a la megacárcel Cecot en El Salvador, tras ser acusados sin pruebas de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Esta medida, junto con redadas ampliadas y el uso de aviones militares para las deportaciones, refuerza una narrativa de criminalización. Según el politólogo Eduardo Gamarra, el mensaje de la Casa Blanca es inequívoco: “‘no queremos más inmigrantes latinoamericanos’, eso queda clarísimo”.

Esta política ignora las causas de la migración forzada y utiliza a los migrantes como un instrumento dentro de su agenda de seguridad nacional.