El gobierno enmarcó esta decisión como una “expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”.

Estas liberaciones se producen en un contexto de alta tensión política, donde la Fiscalía acusó a más de 2.400 personas de “terrorismo” y “vandalismo” tras las protestas postelectorales, aunque la mayoría fueron excarceladas posteriormente. Sin embargo, la versión oficial contrasta drásticamente con los informes de organizaciones de derechos humanos. La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela hasta mediados de diciembre, la mayoría detenidos después de las elecciones. Asimismo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha denunciado que quienes permanecen detenidos “están siendo amenazados”. A pesar de estas cifras y testimonios, el Ejecutivo de Maduro insiste en que el país está “libre de presos políticos” y que los encarcelados han cometido “terribles hechos punibles”. Las excarcelaciones, celebradas por familiares y activistas, representan un paso significativo pero parcial, reavivando el llamado a la liberación de todos los considerados presos de conciencia.