En el caso de Colombia, la situación es particularmente delicada. La llegada de millones de personas ha generado presiones significativas sobre los sistemas de salud, educación y empleo, evidenciando las limitaciones estructurales del Estado colombiano para gestionar el fenómeno. La frontera colombo-venezolana se ha transformado en un espacio de alta conflictividad, marcado por la militarización y la presencia de economías ilegales. Aunque la migración ha aportado mano de obra y dinamismo en ciertos sectores, su gestión representa un desafío mayúsculo.

Este éxodo es una de las externalizaciones más visibles del conflicto venezolano, donde los costos sociales recaen de manera desproporcionada sobre los países vecinos, atrapados entre la confrontación geopolítica y sus propias vulnerabilidades.