Esta estrategia de “máxima presión” busca asfixiar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro, generando una escalada con profundas implicaciones geopolíticas y humanitarias. La ofensiva de Washington se materializa en un amplio despliegue militar y la persecución y confiscación de buques petroleros que, según alega, forman parte de una “flota fantasma” utilizada por Venezuela para evadir sanciones y financiar lo que denomina un “régimen narcoterrorista”. El presidente Donald Trump anunció un “bloqueo total y completo” a estas embarcaciones, y en una muestra de fuerza, afirmó que “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado estas acciones como actos de “piratería estatal”, “robo” y “secuestro”, denunciando una violación flagrante del derecho internacional y prometiendo ejercer “todas las acciones correspondientes”. La confrontación no solo impacta directamente la principal fuente de ingresos de Venezuela, sino que también eleva el riesgo de un enfrentamiento directo, enmarcado en lo que analistas describen como una reedición de la Doctrina Monroe. La situación ha llevado a Maduro a buscar respaldo en foros internacionales y a alertar sobre las consecuencias desestabilizadoras para toda la región.